JUSTICIA-LISTA, 1947 PERON COPA LA CORTE SUPREMA

justicia-medio-ciega1En uno de mis paseos por Internet, tropecé hace poco con un artículo de Horacio Verbitsky[1] publicado en 2007. El texto compara las políticas de Menem y Kirchner con respecto a la Justicia y cuenta en pocas líneas el copamiento de la Corte Suprema y de la Justicia por el menemismo, tema que antes había descrito en detalle en su libro Hacer la Corte[2].

Decía el conocido periodista K: “Al asumir la presidencia, Menem envió al Congreso un proyecto de ampliación de cinco a nueve en el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que fue aprobado con la presencia de personas armadas en el recinto de la Cámara de Diputados y cafeteros en las bancas para dar quórum…Menem también consiguió la renuncia de dos de los jueces de la Corte y en una noche creó una mayoría automática de seis jueces sobre nueve. Envió sus pliegos un jueves y el Senado los aprobó el viernes, en sesión secreta de siete minutos sin asistencia de la oposición. Salvo excepciones, los designados fueron socios, amigos, cómplices o parientes del Jefe Supremo de la Nación y de sus funcionarios…. También amplió de seis a doce el número de juzgados federales en la Capital, presionó el alejamiento de los seis titulares anteriores y designó a los doce nuevos. Además creó una Cámara de Casación Penal y la selección de sus integrantes provocó la renuncia del ministro de Justicia Carlos Arslanian quien dijo que ese tribunal se estaba llenando de esperpentos. Así Menem llegó a controlar nueve de cada diez cargos en el fuero decisivo.”

¿ serán tan distintos?

Y luego comparaba: “En cambio Kirchner, desde el Poder Ejecutivo, y Cristina Fernández, desde el Senado, promovieron un procedimiento transparente para la designación de jueces federales de todos los niveles, desde la primera instancia hasta la Corte Suprema, que incluye una investigación preliminar sobre sus asuntos económicos, un periodo de impugnaciones una vez anunciada cada candidatura y sesiones públicas en el Senado, durante las que deben contestar todas las observaciones que se les formulen. A diferencia de los amigotes de Menem, tanto Ricardo Lorenzetti como Raúl Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay son juristas respetados y personas decentes, que jamás protegerían a un funcionario ladrón.”

Quizás Verbitsky todavía no estaba al tanto de los antecedentes de Kirchner con la justicia de Santa Cruz[3], aunque parece raro para un hombre con una reputación de ser tan informado[4]. Después la relación entre los Kirchner y la Justicia, ahora a nivel nacional, se fue haciendo cada vez más compleja. ¿Seguirá Verbitsky pensando lo mismo?

No necesito extenderme sobre el tema. Bastante material sobre los constantes intentos del kirchnerismo para controlar la justicia dan casi diariamente los medios de difusión. Ya sabemos que esto fue algo común a casi todos los gobiernos peronistas, hayan sido de la vertiente neoliberal, como el caudillo riojano, o nacional y popular, como la actual presidente. Lo que quiero es contar como, aunque la mayoría no lo tenga presente, todo nació con su mentor e inspirador, Juan Domingo Perón. Vale la pena recordarlo.

El juicio político a la Corte Suprema:

El triunfo electoral de febrero de 1946 le dio a Perón la Presidencia y también un absoluto dominio del Congreso. Aunque la diferencia en votos no fue tanta (55% para Perón contra 45% de su opositor), el bloque justicialista de diputados tenía 109 integrantes y todos los opositores solo 49.

Además, todos los gobernadores y todos los senadores eran peronistas, con la única excepción de los de Corrientes. En realidad, el gobernador radical de Corrientes solo duraría un año hasta que la provincia fuera intervenida y los senadores electos ni siquiera llegaron a asumir. Frente a tal suma de poder, solo la Justicia se mantenía fuera del absoluto control de Perón.

peron asume 2
Perón asume el gobierno el 4 de junio de 1946, en el tercer aniversario del golpe militar

Ya en su discurso al asumir la Presidencia, Perón había dado indicios de que esta situación no duraría, diciendo: “”Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público” [5] Se concluye que como el sentimiento público era peronista, la Justicia también debía serlo.

Es así como un mes después de asumir Perón, el diputado Rodolfo Decker presentaba un proyecto de juicio político a cuatro integrantes de la corte (Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto[6]) y al Procurador General de la Nación Juan Álvarez. De los entonces integrantes de la Corte solo se salvó Tomás D. Casares, quién se había integrado poco antes por designación de Farell.

Poco después, el 26 de agosto de 1946, el despacho mayoritario de la Cámara de Diputados decidía que había motivos para hacer el juicio. Se designo la comisión acusadora y dos meses después se formularon en total 13 cargos[7], siendo el principal el de haber aceptado, a través de Acordadas de 1930 y 1943, a los gobiernos de facto surgidos de los golpes militares de esos años.

Asombroso pero cierto.

Diputados y senadores de un partido que respondía ciegamente a Perón, basaron su acusación, nada menos que para remover a la Corte Suprema de Justicia de la Nación casi completa, en que esta había reconocido como gobiernos de facto a los surgidos de los golpes de 1930 y 1943.

Como mostré anteriormente, en 1930 Perón no había sido solo un joven capitán que no entendía mucho de esas cosas, como afirmara posteriormente, sino un activo conspirador y participe del derrocamiento de Irigoyen.

Por supuesto en 1943 su papel había sido mucho mayor, llegando a ser Secretario de Trabajo, Ministro de Guerra y Vicepresidente del gobierno de facto y finalmente su principal beneficiario.

Veamos este asunto. El 10 de septiembre de 1930 la Corte dictó una Acordada de gran importancia. Lo hizo respondiendo a una comunicación del General Uriburu avisando la instalación de un gobierno provisional. Firmaban José Figueroa Alcorta (ex presidente de la Nación), Roberto Repetto, Antonio Sagarna y Ricardo Guido Lavalle y el Procurador General Horacio Rodríguez Larreta.

Los firmantes de la Acordada de 1930:  Sagarna, Figuero Alcorta, Lavalle, Repetto y Rodriguez Larreta
Los firmantes de la Acordada de 1930: Sagarna, Figueroa Alcorta, Lavalle, Repetto y Rodriguez Larreta

La acordada, aceptaba que el gobierno emanaba de una revolución triunfante y estaba en posesión de las fuerzas militares y policiales, necesarias para asegurar la paz y el orden, la libertad, la vida y la propiedad. También que su jefe había afirmado que mantendría la supremacía de la Constitución. Era un gobierno de hecho, continuaba, y sus funcionarios podían realizar los actos necesarios para cumplir sus fines por razones de policía y necesidad y con el fin de mantener protegida a la sociedad, no pudiendo discutirse su legalidad. Si se desconocieran las garantías individuales, los jueces serían los encargados de restablecerlas, como harían frente a un Ejecutivo de derecho[7] [8].

Los argumentos eran más políticos que jurídicos. En un principio esta acordada paso casi desapercibida[8], pero más tarde recibió duras críticas[7]: no existía caso judicial para que la Corte se expidiera; las acordadas respondían a regulaciones internas de competencia de la Corte y no a respuestas oficiales; legitimó a un gobierno usurpador, sin título, cuando debió desconocerlo, etc. También se dijo que pudo, simplemente, no decir nada y archivar la nota recibida. Un autor de la época llego a decir que a raíz del reconocimiento de la Corte “podrá definirse la Constitución, como un conjunto de normas jurídicas que rigen mientras no sobrevenga una revolución…”

Para otros, la Corte no podía modificar el curso de los sucesos, pues carecía de poder para hacerlo. Hay entonces quienes justificaron la Acordada[9] y la consideraron una combinación de acierto doctrinario y prudencia política. También se sostuvo que la Corte enfrentó los hechos y logró perdurar para defender las garantías constitucionales, como único poder respetado[10].

Según testimonio del Dr. Repetto(h) ( hijo de quien fuera firmante de la Acordada y más tarde presidente de la Corte), Figueroa Alcorta era partidario de no convalidar de ninguna forma el quebrantamiento del orden constitucional, por lo que la Corte debía renunciar. Los otros ministros querían encontrar la manera de poner un límite jurídico al Poder Ejecutivo provisional y de subordinar, de algún modo, las autoridades de hecho al imperio del derecho. Esta fue la posición predominante y , según este testimonio, la preocupación primordial habría sido  limitar jurídicamente al ejecutivo provisional, para preservar la estabilidad, la continuidad del orden institucional y no dejar al país sin protección legal[8].

Si ésta fue la intención, lo cierto es que la Acordada tuvo consecuencias que no previeron, porque a partir de ella se consolidó la doctrina de facto y la creencia, que luego se fue extendiendo a vastos sectores de la población, de que era posible mantener algún grado de estabilidad constitucional quebrantando la Constitución[7].

De todas formas, y esto es una opinión personal, creer que este reconocimiento de los gobiernos de facto tuvo alguna influencia decisiva en los golpes posteriores y

El Dr. Roberto Repetto
El Dr. Roberto Repetto

que estos no hubieran ocurrido de cualquier forma, me parece un poco ingenuo.

Después del golpe del 4 de junio de 1943, se comunicó a la Corte la instalación del nuevo gobierno y esta elaboró una Acordada con los mismos términos de la de 1930. En relación a esto, también se acusó a Repetto, que presidía la corte al momento del golpe, por “no haber obligado al gobierno de facto iniciado en 1943 a aceptar el orden de sucesión impuesta por la ley de acefalía, que lo señalaba como Presidente de la Nación luego del derrocamiento de Castillo”[5].

Doblemente asombroso.

La entrega del poder a la Corte Suprema había sido un insistente reclamo de la oposición al Gobierno Militar, el cual se negó a hacerlo. Que el Ministro de Guerra y Vicepresidente de ese gobierno ordenara (no podemos suponer que Decker y compañía actuaban por su cuenta) juzgar al ex-presidente de la corte por no haberlo obligado a ello es más que absurdo. Cabe preguntarse ¿tenía la Corte algún poder real para obligar al gobierno militar a hacer algo?

Otras acusaciones eran tan vagas como “arrogarse facultades políticas al controlar e impedir los fines sociales de la revolución de 1943” o “integrar la lista anual de conjueces de la Corte, con abogados del capitalismo extranjero o pertenecientes a la oligarquía dominante”.

Según Oyhanarte[10] “Los cargos eran tan numerosos como endebles”.

Una respuesta adecuada.

En Octubre de 1945, el conocidísimo jurista y dirigente socialista Carlos Sánchez Viamonte y otros profesores universitarios había pedido a Repetto que exigiera a Farrell la entrega del poder. El presidente de la comisión de juicio político, el tristemente celebre diputado Visca, pensó entonces que apoyaría la acusación y lo consultó al respecto. La respuesta fue lapidaria: “opino que es siempre una inmoralidad castigar a quienes se consideran encubridores dejando en la impunidad a los delincuentes, y prefiero no calificar a quienes abominan del delito y son, al mismo tiempo, sus usufructuarios.”

Los imputados designaron a sus defensores, siendo el caso más notable el de Sagarna, que eligió nada menos que a Alfredo Palacios, el legendario dirigente que fuera el primer diputado socialista de América y dueño de una notable oratoria.

El oficialismo, temeroso del escándalo que podría causar la difusión pública de los alegatos, decidió modificar el reglamento del Senado, que venía de 1867, de modo que fueran leídos por el secretario del cuerpo y no pronunciados por los abogados defensores. Frente a esto el Dr. Ramos Mejía directamente renunció a defenderse “convencido de la inutilidad de ese tramite ante un juicio inconstitucional”.

El día de los alegatos los defensores debieron sentarse en un palco y cuando

Alfredo Palacios, defensor del Dr.Sagarna
Alfredo Palacios, defensor del Dr.Sagarna

Palacios trato de hablar para quejarse del procedimiento, se ordenó al Comisario de la Cámara desalojarlo. Al retirarse Palacios gritaba “Si los jueces son enemigos de los acusados, no hay tribunal ni hay justicia” y “Lo que no hay es vergüenza, carajo”.

Los alegatos de los defensores fueron leídos a toda velocidad. Palacios pidió que se citara a declarar como testigos a Perón y a los generales Farrell y Sosa Molina, ex-integrantes de los gobiernos de facto de 1930 y 1943, lo cual por supuesto fue negado, ya que habría puesto aun más en evidencia el disparate. Finalmente, en abril de 1947, el Senado (formado solo por oficialistas) falló por la destitución de los acusados. Se omitió a Reppeto, quién había renunciado anteriormente.

La Corte peronista:

juramento corte 1 agosto 47
Perón toma juramento a los nuevos integrantes de la Corte

Después de unos meses estuvo en funciones la nueva corte. Además de Casares, quien la presidió al principio por ser el juez más antiguo, la integraban Felipe S. Pérez, Luis R. Longhi, Justo L. Álvarez Rodríguez Y Rodolfo G. Valenzuela[11]. Tanto Perez como Longhi tenían importantes antecedentes sea académicos, administrativos o en la justicia. No parece ser este el caso de Álvarez Rodríguez y Valenzuela, más allá de sus vinculaciones con el gobierno militar y el peronismo. Como Procurador General se nombro a Carlos G. Delfino, quién era Auditor del Ejército.

200px-Tomás_D_CáceresEl Ministro Casares.

Cuando fue nombrado en la corte por el gobierno militar, Tomás D. Casares[11] [11b], era un destacado intelectual y jurista, con larga actuación en la docencia y la justicia. Militante del catolicismo, había sido uno de los iniciadores de los famosos Cursos de Cultura Católica, que tuvieron gran importancia en su tiempo.

Tuvo una gran influencia en la primera etapa de la corte peronista, aunque posteriormente estuvo cada vez más en disidencia con la mayoría, lo que se manifestó en numerosos fallos. Con motivo del enfrentamiento de Perón con la Iglesia en 1955, quedo definitivamente distanciado del oficialismo y hasta se llegó a analizar en Diputados un pedido de juicio político.

Casares y Valenzuela juran la Constitución de 1949 (a la izquierda el vice Quijano)
Casares y Valenzuela juran la Constitución de 1949 (a la izquierda el vice Quijano)

Álvarez Rodríguez era concuñado de Perón, ya que estaba casado con Blanca Duarte, hermana de Eva. Su presencia fue corta, ya que falleció en 1949, siendo reemplazado por Atilio Pessagno, también con larga trayectoria académica y en la justicia.

Según un estudioso de la actuación de esta corte[12], sus decisiones acompañaron habitualmente de forma unánime las acciones del gobierno nacional. Esto habría surgido de la confluencia entre dos concepciones distintas: una propia del iusnaturalismo católico[12b] que sostenía Casares y otra que, seguida por el grueso de los ministros, adhería a las enseñanzas de Perón. En un primer momento parecen predominar las concepciones de Casares, pero posteriormente y en forma progresiva van tomando mayor preeminencia las ideas peronistas. Esta tendencia se consolida con el dictado de la Ley 14184/52, que aprobó el Segundo Plan Quinquenal.

La “Doctrina Nacional”.

La ley 14184 decía en su Art.3 “…defínese como “doctrina nacional”, adoptada por el Pueblo Argentino, la “Doctrina Peronista o Justicialismo”…”.

A partir de ello, la Corte afirmó que la interpretación “…del derecho fundamental argentino debía desarrollarse a partir de un bloque de constitucionalidad integrado por el texto de la nueva carta magna y el artículo 3 de la ley 14184”[12], es decir convirtió a la Doctrina Peronista o Justicialismo, fuera esta lo que fuera, en fuente del derecho. Nada menos.

 El mismo autor, a pesar de afirmar que “no pueden caber dudas sobre la riqueza de la actividad de la Corte Suprema” en el análisis detallado de sus fallos reconoce que:
  • “…los ministros de la Corte Suprema elaboraron diversas teorías tendientes a reconocer amplias facultades al estado central…”
  •  “…el Tribunal diseñó la de la preexistencia de los poderes de guerra …”forzosamente anteriores y, llegado el caso, aún mismo superiores a la propia Constitución””
  •  “…la constitución debía ser interpretada de tal forma que sus disposiciones no trabasen “el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado a los efectos del cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad””
  • “El reconocimiento de la supremacía del estado condujo, simultáneamente, a fortalecer al Poder Ejecutivo, a limitar los alcances del federalismo y a debilitar el régimen de las garantías individuales.”
  • “… mientras que los derechos de raigambre social fueron enaltecidos…algunos de los derechos hasta entonces celosamente garantizados por el constitucionalismo argentino fueron objeto de importantes restricciones. Lo dicho puede ejemplificarse con la postura asumida por la Corte Suprema en materias como el hábeas corpus, el principio de irretroactividad de la ley, la libertad contractual y la protección del derecho de propiedad.”
balbinpresoafuera2
Balbín preso después de su desafuero

O sea, la Corte, como era esperable, respondió en ese período fundamentalmente a los deseos del Ejecutivo Nacional. Esto se manifestó también en casos puntuales que afectaron a la oposición, como el de los fueros del diputado Ricardo Balbín[13], o la libertad de prensa, como en la clausura del periódico La República de Rosario[11] [13]

Por ello, Tanzi concluye su estudio sobre esta Corte[13] “Debe remarcarse la absoluta uniformidad de los jueces de esta etapa en su sumisión a los dictados del presidente y de su esposa y la adopción de resoluciones que mostraban la falta de independencia del más alto tribunal de justicia. Hubo una excepción, que fue el juez Tomás Casares, que poco pudo hacer ante una mayoría sumisa y adulona. Las únicas disidencias que se encuentran en estos años fueron las de este juez.”

Otro historiador de la Corte Suprema[14] afirma “Hay en las sentencias de esta época una clara actitud de acompañamiento, frecuentemente permisivo, de la actuación y el rumbo político del gobierno justicialista.”

Por su parte Page[15], el conocido biógrafo norteamericano de Perón concluye que: “Con el control del Congreso, Perón se aseguró de que toda legislación que él propusiera fuera votada y aprobada. La remoción de los tres jueces de la Corte Suprema eliminó toda posibilidad de que sus programas legislativos pudieran ser declarados inconstitucionales. Virtualmente tenía un poder ilimitado en sus manos.”

La suma del poder público.

La descripción que hace Page del poder de Perón se parece mucho a lo que la Constitución de 1853 (que estaba vigente en ese momento) llama la suma del poder público. En su artículo 29 la Constitución llamaba infames traidores a la Patria a quienes concedieran este poder al Ejecutivo, lo que repite la Constitución actual.

 El conocido historiador Norberto Galasso, trata el tema del juicio y destitución de los integrantes de la Corte en su obra Perón. Tomo I – Formación, ascenso y caída (1893-1955)[16]. Los hechos que relata no difieren prácticamente en nada de lo que cuentan otros autores y él también acepta que el objetivo fue obtener una Corte adicta: “…todo movimiento o partido dispuesto a importantes transformaciones halla, en la vetusta Corte Suprema, uno de sus obstáculos más graves.” y “Por esta razón, el gobierno peronista se decide a promover juicio político a la mayoría de los miembros de la Corte, para reemplazarlos por jueces afines.”

Como dicen los abogados a confesión de parte, relevo de pruebas.

Una justificación muy especial.

Galasso interpreta y justifica la toma de la Corte por el peronismo porque: “Es necesario remover a los altos magistrados imbuidos del viejo espíritu conservador y reemplazarlos por jueces cuyo pensamiento se corresponda con las horas de modernización que se viven.“ Además “La Historia da pruebas contundentes, por más que los sectores del privilegio alboroten con hipócritas reivindicaciones democráticas o doctrinas jurídicas pretendidamente universales, de que los pueblos tienen derecho a remover las instituciones vetustas para abrirse el camino hacia el futuro.”

Para él, siendo la defensa de la independencia de la Corte Suprema una hipócrita reivindicación democrática, “…la medida resulta razonable e incluso insoslayable para un gobierno popular pues de otro modo queda maniatado por la vieja legislación y la vieja urdimbre leguleya.”

No deja claro para que queremos entonces una Constitución, una Corte y un sistema de Justicia y porque no dejamos directamente todo en mano del gobernante o dictador (Según el diccionario de la Real Academia: dictador, ra.: En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica)

 Los argumentos falaces:

El cargo principal que se había hecho a los integrantes de la Corte era haber avalado a los gobiernos de facto. Sin embargo, en su doctrina la Corte anterior había limitado las facultades legislativas del gobierno de facto a las necesarias para el ejercicio de sus funciones y al cumplimiento de los fines de la revolución. También había dicho que sus decretos-ley cesaban una vez superada la situación de facto.

Por el contrario, la nueva Corte ampliaría la potestad de los gobiernos de facto al decir en un fallo “en la medida en que sea necesario legislar para gobernar un gobierno de hecho tiene facultades legislativas, sin que la determinación de esa necesidad … pueda ser judicialmente revisada”. Y en otro fallo sostendría: “los decretos-leyes dictados por el gobierno de facto son válidos por razón de su origen y, puesto que tienen el valor de leyes, subsisten aunque no hayan sido ratificados por el Congreso mientras no sean derogados de la única manera que éstas pueden serio, es decir por otras leyes”[17]

Es decir que después de que fueran juzgados y destituidos varios jueces por haber aceptado a los gobiernos de facto aunque restringiendo su potestad para legislar, la nueva Corte ampliaba dicha potestad.

Otro de los cargos que se habían hecho, en este caso al Procurador Juan Álvarez, había sido el de haber actuado en política, al proponer al Presidente Farrel una lista de posibles ministros.

En efecto, según explicó Álvarez en su defensa, habiendo renunciado el gabinete Farrell lo citó y “…haciendo un llamado a mi patriotismo e invocando el deber… de ponernos al servicio del país para conseguir cuanto antes el retorno a la normalidad institucional y a sosiego, me invitó a que le indicara cinco personas alejadas de la política y dispuestas a aceptar los Ministerios civiles, quedando a mi cargo la cartera del Interior”. Por eso días después, justo el 17 de Octubre, se presentó con un listado de nombres de destacados especialistas sin militancia partidaria aunque todos ellos de tendencia conservadora. Por supuesto, Farrell le dio las gracias y lo mando de vuelta a su casa. Fue entonces que Álvarez no renunció como Procurador como debería haber hecho de convertirse en Ministro[18].

Juan Álvarez.200px-Juan_Alvarez

El acusado Procurador General de la Nación [18]  fue un destacado historiador, jurista y ensayista. Algunos de sus libros de historia son todavía considerados clásicos de la historiografía argentina[18b]. Después de una extensa carrera judicial había sido nombrado en el cargo mencionado en 1935. De gran prestigio y reconocida honestidad, la mayor crítica que suele hacérsele es la de un cierto anacronismo y falta de comprensión del momento que vivía.

Lo que fue considerado delito en el caso de Álvarez no lo fue en los de Pérez, Longhi, Álvarez Rodríguez y Valenzuela. En efecto, los cuatro fueron miembros por el partido gobernante de la Convención Constituyente que reformó la Constitución en 1949, mientras eran miembros de la Corte Suprema.

Más aún, al decir de Abasolo[12] “…abundan los testimonios de los magistrados del Tribunal en los que éstos se conciben a sí mismos como “políticos”,…reconocen el “contenido político” de las decisiones de la Corte,…sostienen que “la justicia depende de la política que sigue el país”,… o subrayan la calidad de órgano de gobierno del poder judicial”.

Como se ve, tanto lo de la actuación política como el reconocimiento de gobiernos de facto, solo fueron excusas para eliminar a integrantes que podría ser difíciles de controlar y lograr una Corte dócil a los dictados del Ejecutivo, o sea de Perón.

¿Porqué así?

Se ha señalado varias veces[7] [19] que Perón podría haber optado por métodos menos cruentos para lograr una Corte que le fuera más favorable. Efectivamente la Corte había tenido algunos fallos que habían molestado al Gobierno Militar y quizás por ello Repetto había optado por renunciar antes de que hubiera un enfrentamiento[19]. Pero, había una vacante en la que podía nombrar a quién quisiera. Con ello ya tendría dos sobre cinco jueces a favor. No era difícil que en poco tiempo se originará otra vacante, sea por renuncia o por muerte, de hecho Sagarna falleció en 1949.

Además, podía fácilmente ampliar el número de integrantes, dado el total dominio del Congreso que tenía. Llevándolo a siete ya tendría mayoría de cuatro a tres, no digamos llevándolo a nueve, como haría más tarde su discípulo riojano.

Más aún, cabe preguntarse ¿tenía necesidad Perón de una Corte sumisa? Lo dice Félix Luna[19] “¿necesitaba Perón el escándalo de este juicio arbitrario, cuyos fundamentos no resistían el menor análisis y cuyo procedimiento estaba viciado de parcialidad? ¿Era indispensable semejante violación del ordenamiento constitucional para instalar otra Corte? ¿Precisaba Perón que un nuevo tribunal tutelara en el orden judicial un conjunto normativo nuevo, revolucionario?”

Su respuesta es negativa “Ni existía una legislación tan atrevida que necesitara otra Corte para pasar por el tamiz judicial, ni fue necesario un procedimiento tan rudo y forzado”. Por más que Galasso imagine quién sabe que innovaciones revolucionarias, Oyhanarte[10] coincide con Luna cuando señala que el derecho que representaba la Corte anterior “…no era tan viejo. Ni era tan nuevo el derecho que traía el peronismo.”

No me convence la hipótesis de Félix Luna “Acaso Perón quiso mostrar una decisión revolucionaria que no usó en otros campos: los viejitos de la Corte eran un buen blanco y su desplazamiento alimentaba la vocación de cambios drásticos que oscuramente sentían las masas peronistas. Entregándolos al holocausto, probaba el presidente que era capaz de decisiones osadas.”

Más bien creo, y esto es nuevamente una opinión personal, que Perón ya comenzaba a experimentar el gusto por usar su poder arbitrariamente y de aplastar a quién se le opusiera, del que tanto abusaría años más tarde.

La Obsecuencia:

La nueva Corte Suprema también cayó en las muestras de obsecuencia y sumisión hacia Perón y su esposa, que fueron tan frecuentes en esa época[20], particularmente después de asumir su presidencia Valenzuela en 1952[11].

Durante ese año[13] se designó con el nombre de Eva Perón a la Biblioteca de la Corte[21], la Corte adhirió a la Comisión Nacional Pro Monumento a Eva Perón (que aún vivía)[21], se decretaron honores con motivo del fallecimiento de Eva, se ordenó colocar un recuerdo “de la obra y el pensamiento vivo de Eva Perón” en la Sala de Acuerdos y se adhirió al homenaje cívico a la Jefa Espiritual Eva Perón. En 1953 la Corte se adhiere al 2º Plan Quinquenal y al acto de homenaje a Perón por su acción de gobierno declarando asueto para la concurrencia al acto público[21].

También en 1953, Valenzuela expuso sobre el Plan Quinquenal y la nueva filosofía peronista según la guía rectora de Perón. Luego los distintos jueces dieron conferencias sobre el Plan Quinquenal en las provincias, o sea hicieron propaganda política.

La adulonería no faltaría ni siquiera en las sentencias y así varias de ellas incluyeron la frase “La Corte Suprema de Justicia de la Nación, interprete máxima de las leyes, reconoce en Eva Perón a la suprema inspiradora de normas legislativas conducentes al bienestar, la felicidad y la afirmación de los inalienables derechos del pueblo”[15].

Valenzuela[22] era el campeón de estas actitudes. Como presidente de la Corte, al inaugurar un año judicial dijo: “La doctrina justicialista, cuyos principios rigen hoy la vida nacional, nos une a los servidores del derecho. Profesamos una doctrina nacional por primera vez en la historia política argentina. Por encima de las leyes formales, tiene hoy suprema vigencia la ley de la vida y lo somos de esa ley más que de ninguna otra”. En otra ocasión: “Invito a todos los servidores de la administración de justicia a persistir en esta patriótica faena e identificarse con el justicialismo”

Las consecuencias:

La Corte Suprema de Justicia se había establecido efectivamente en 1862. Hasta 1947, o sea por más de ochenta años, se había mantenido la continuidad, renovándose progresivamente sus integrantes sea por renuncia o por fallecimiento. Nunca se había dado una ruptura como la que implicó el juicio que relatamos, cuando sólo uno de sus miembros, recientemente nombrado, mantuvo su puesto.

Cierto es que los presidentes trataban de influir proponiendo integrantes que les fueran afines política e ideológicamente, cosa que obtenían si lograban la aprobación del Senado. Pero nunca se habían sustituido a todos los jueces para lograr una Corte partidista. A partir de allí todo sería distinto. Rota la continuidad, en el futuro la Corte sería totalmente cambiada en cada gran cambio político.

1966 - Onganía toma juramento a una nueva Corte
1966 – Onganía toma juramento a una nueva Corte

Así, la corte peronista sería destituida por el golpe de 1955. De la Corte de la Revolución Libertadora solo dos seguirían con Frondizi. Al asumir Onganía en el 66 destituiría a la Corte y nombraría una nueva, la cual daría paso a otra Corte en 1973 al asumir Campora. Por supuesto el Proceso cambiaria a todos los miembros, los cuales renunciarían en pleno al asumir Alfonsín etc etc.

O sea, en resumen:

  • A poco de asumir el gobierno de Perón destituyo por juicio político a casi todos los integrantes de la Corte Suprema
  • En una actitud que podríamos calificar de hipócrita, la acusación principal fue aceptar los gobiernos de facto de 1930 y 1943. En ambos había participado Perón, quién había sido integrante principal y mayor beneficiario del de 1943.
  • También se acusó por no haber obligado al gobierno de facto, o sea en última instancia a Perón, a entregarle la presidencia.
  • La Corte con su nueva integración, lejos de reducir las potestades reconocidas a los gobiernos de facto anteriormente, los amplió aceptando su capacidad legislativa.
  • Los nuevos jueces, todos adherentes y con actuación política en el peronismo, resultaron en todos los casos sumisos a los dictados del Presidente.
  • Entre otros efectos negativos de esta sumisión, que llegó hasta aceptar la doctrina peronista como fuente del derecho, se ampliaron las facultades del estado central, se fortaleció el Ejecutivo, se limitó el alcance del federalismo y se debilitó el régimen de las garantías individuales.
  • En diversas ocasiones los integrantes del tribunal cayeron en actos de obsecuencia y adulonería respecto de Perón y su esposa.
  • El copamiento de la Corte por parte de Perón, rompió la continuidad y renovación progresiva que la misma tenía desde sus inicios, 80 años atrás, abriendo la puerta para los constantes cambios que se dieron posteriormente en cada paso de gobierno civil a militar o de militar a civil.

Aunque esto no fue todo:

Esta medida no fue el único avance sobre la Justicia. En el primero y segundo gobierno de Perón, hubo muchas acciones para asegurar una Justicia adicta. Espero poder contarlo en otro momento.


[1] Verbitsky, H.: Menem y Kirchner, Página 12, 22/07/2007 (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-28319-2007-07-22.html )

[2] Verbitsky, H.: Hacer la Corte: La construcción de un poder absoluto sin justicia ni control. Planeta. 1993

[3] Ver por ejemplo: http://www.clarin.com/politica/colonizacion-Justicia-santacrucena_0_918508153.html

http://opisantacruz.com.ar/home/2013/10/07/las-internas-en-el-poder-judicial-de-santa-cruz-y-el-pedido-de-juicio-politico-a-los-miembros-del-stj/16999

http://opisantacruz.com.ar/home/2015/04/16/en-el-poder-judicial-no-hay-acordadas-existen-ordenes-y-las-cumplen-todos-empleados-funcionarios-y-magistrados/27430

http://www.lapoliticaonline.com/nota/39704/

http://www.lanacion.com.ar/1799765-santa-cruz-laboratorio-de-un-poder-autoritario

http://www.saberderecho.com/2009/10/el-caso-del-procurador-sosa-lo-obvio-y.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133841-2009-10-21.html

http://www.clarin.com/politica/jueces-Santa-Cruz-parientes-amigos_0_918508152.html

[4] Hace años trabajaba conmigo un joven colega que había sido compañero de estudios y amigo de un hijo de Verbitsky. Me contaba admirado que el periodista tenía en su casa un fichero asombroso, como si fuera una agencia de noticias o un servicio de informaciones.

[5] Gambini, H.: Historia del peronismo Vol.I El poder total, Vergara, 2007

[6] El juez Repetto, quién presidía la corte desde 1932, había renunciado poco antes para jubilarse y en el fallo fue excluido de la destitución por este motivo.

[7] Tanzi, H.J. Historia Ideológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1930-1947), Revista IusHistoria, Número 1 (2005) (consultado en www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=61927&print=2 )

[8] Cayuso S.G, Gelli M.A.: La Acordada de la Corte Suprema de justicia de la Nación de 1930, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Rioja, Facultad. de Derecho y Ciencias Sociales. U.B.A .1988 ( www.derecho.uba.ar/investigacion/Cuadernos_de_Investigaciones1.pdf

[9] Ancarola,G.: Reflexiones sobre la función política de la Corte Suprema en los gobiernos de facto – Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, t28(1999), 123 (http://www.ancmyp.org.ar/user/files/1999/06.pdf ); Barrancos y Vedia, F.N.: La Corte Suprema de Justicia en la historia constitucional argentina, idem, p. 201 (http://www.ancmyp.org.ar/user/files/1999/10.pdf)

[10] Oyhanarte, J.: Historia del Poder Judicial, Todo es Historia, No.61, Mayo 1972

[11] Tanzi, H.J.; Historia Ideológica De La Corte Suprema De Justicia De La Nación 1947-1955 – IUSHISTORIA, Revista Electrónica, Nº 2 – Oct/2005 (http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=61990&print=2)

[11b] Leiva, A. D. (2011, mayo-junio). Tomás D. Casares, un católico en la corte. Presentado en Jornadas “La Escuela Jurídica Católica en el Derecho Civil Argentino”, Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, Buenos Aires, Argentina. (http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/tomas-casares-catolico-corte.pdf)

[12] Abasolo, E.: La dimensión política de la Corte Suprema durante el régimen peronista (1947-1955), Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol.13, No.2, 2002 (http://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/eial/article/view/947/982)

[12b] El Iusnaturalismo o Derecho Natural es una doctrina ética y jurídica que defiende la existencia de derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana, universales, anteriores y superiores (o independientes) al derecho positivo y al Derecho fundado en la costumbre o Derecho consuetudinario. (Definición de Wikipedia)

[13] Tanzi, H.J.: La Corte Suprema de Justicia ante un régimen autoritario, VI Congreso Nacional de Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario, 2003 (http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VI/areas/06/ tanzi.pdf)

[14] Santiago A: El primer siglo y medio de la Corte Suprema argentina. La importancia del estudio de su historia para la Ciencia del Derecho Constitucional. – Discurso de incorporación a la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 6/11/2012 (http://www.austral.edu.ar/descargas/varios/2012-11-06-Discurso-incorporacion-alfonso-santiago.pdf )

[15] J. Page: Peron. una Biografia (Nueva Edicion), Sudamericana, 2014

[16] Editorial Colihue, 2005. Como he señalado anteriormente Galasso es considerado como perteneciente a la corriente de la Izquierda Nacional. En general defiende las actitudes de Perón aunque no deja de críticar determinados aspectos.

[17] C.S.Nino: Un país al margen de la Ley , Emece, 1992

[18] Glück M.:Juan Álvarez, Juan Domingo Perón y el 17 de octubre de 1945: ¿Un final para la política de notables? –Cuadernos del CIESAL, No.9, 2011

[18b] Bajo la lupa de los modernos -Siete destacados investigadores y docentes opinan sobre el legado de Juan Alvarez – La Capital, domingo, 04 de abril de 2004 (consultado en http://web.archive.org/web/20040923090529/http://www. lacapital.com.ar/2004/04/04/seniales/noticia_88406.shtml )

[19] Luna, F.: Perón y su tiempo, 1946-49, Sudamericana, 1984

[20] H.Gambini tituló al segundo tomo de su conocida Historía del Peronismo justamente así LaObsecuencia (1952-1955) (Vergara, 2007). Este libro tiene múltiples ejemplos de lo que hablamos.

[21] Disidencia de Casares

[22] Valenzuela era también presidente de la Confederación Argentina de Deportes y del Comité Olímpico y desde estas funciones tuvo activa participación en el uso propagandístico de las actividades deportivas (Gambini, op.cit.). Años después, en España, actuaría como Secretario Privado de Perón en España (Page, op.cit.) y participaría en negocios con Isabel Martinez. A su fallecimiento en un accidente aéreo en 1967 López Rega tomaría su lugar.

Anuncios